Breve análisis de los derechos labores en el Ecuador.

Por: Mgs. Washington Navarrete Freire.

https://orcid.org/0009-0002-3802-6364 

Cuando hablamos de derechos en general y de derechos laborales, seguro se nos viene a la mente dos normas; primero, la Constitución de la República, y en segundo lugar, el Código del Trabajo. 

En nuestra Constitución, la misma que está conformada por 444 artículos, encontramos principios, derechos, deberes, y la organización del estado ecuatoriano, y en lo que respecta a derechos laborales, debo destacar que, en esta norma suprema, constan protegidos y garantizados varios derechos y principios, que los clasifico en 6 grupos: 

- Primer grupo. El Derecho al trabajo. 

El artículo 33 de la Constitución reconoce el trabajo, como un “derecho y un deber social”, garantizando su protección por parte del Estado. Como parte de este derecho, se busca asegurar el respeto a la dignidad del trabajador(a), garantizando su existencia decorosa, y una remuneración justa. Adicional, se garantiza la contratación colectiva. 

Se garantiza adoptar el diálogo social, como un medio para la solución de conflictos de trabajo y como una herramienta para la formulación de acuerdos. 

- Segundo grupo. Principios laborales. 

El artículo 326 de la Constitución, establece principios fundamentales, como:  

La irrenunciabilidad de los derechos laborales. Será nula toda estipulación que implique renuncia de derechos. 

Se prohíbe toda forma de discriminación en el ámbito laboral. Sobre este tema, es importante destacar, que administrativamente, el Ministerio del Trabajo, para que se cumpla con ese principio de no discriminación, ha emitido el Acuerdo Ministerial MDT-2020-244, en donde consta el Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y/o toda forma de violencia contra la mujer, en los espacios de trabajo, el cual es un proceso administrativo, que se inicia con una solicitud presentada por el trabajador o trabajadora, y dirigida al Inspector del Trabajo. Aquí se presentan pruebas de los actos de discriminación; se notifica del proceso al empleador; hay una audiencia; de haber conciliación, se adoptará medidas de prevención, y el proceso se archiva; de no haber conciliación, se continúa con la audiencia, y de demostrarse los hechos de discriminación, se sanciona al empleador; esto sin perjuicio que el trabajador(a) pueda iniciar el proceso de visto bueno (art. 173 numeral 4 Código del Trabajo). 

Otro principio que establece la Constitución, es el indubio pro operario. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

También consta aquel principio, que establece que, a trabajo de igual valor, corresponderá igual remuneración. (Art. 325 numeral 4 Constitución). 

- Tercer grupo. La Seguridad social. 

La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social, que incluye la protección en casos de enfermedad, maternidad, vejez, invalidez y otros riesgos laborales. 

- Cuarto grupo. Derecho a la sindicalización. 

La Constitución garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización. Dentro de este derecho, garantiza que el trabajador pueda afiliarse o desafiliarse libremente de esas organizaciones.  

De igual manera, garantiza la organización de los empleadores. 

- Quinto grupo. Derecho a la huelga. 

La Constitución reconoce el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga; y por otra parte, las personas empleadoras tendrán derecho al paro. Ambos, tanto el paro como la huelga, tienen que ser autorizadas, por la autoridad competente a través del procedimiento administrativo pertinente. 

- Sexto grupo. Protección a grupos vulnerables.  

En la Constitución se establecen normas específicas para la protección de los derechos laborales de grupos vulnerables, como personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, y trabajadores migrantes. 

En el caso de personas con discapacidad, la Constitución establece acceso al trabajo, en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Ahora, trataré de esa otra ley, que contempla derechos laborales, y me refiero al Código del trabajo. Promulgado en la asamblea Constituyente del 18 de noviembre de 1938, como una fusión de varias normas laborales como la ley del Contrato de individual del trabajo, y la ley del desahucio. El Código del Trabajo ha tenido varias reformas a lo largo del tiempo. Está estructurado para regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Su estructura general se puede resumir de la siguiente manera: 

• Principios Fundamentales. 

• Contratos de trabajo. 

• Derechos y Obligaciones.  

• Organizaciones Laborales. 

• Conflictos Laborales. 

• Inspección y Sanciones. 

• Procedimiento Oral. 

• Disposiciones Transitorias. 

Entre los principales derechos que tienen los trabajadores, están:  

a) El de afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de labores;  

b) A recibir como mínimo, el sueldo básico, que está regulado a través de los acuerdos ministeriales y tabla sectorial; 

c) a tener una jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias, de manera que no exceda de 40 horas semanales. 

d) A recibir el pago por las horas extraordinarias y suplementarias laboradas; (Art. 55 CT) 

e) A gozar de beneficios sociales (décima tercera remuneración (Art. 111 CT.), décima cuarta remuneración (Art. 113 CT.);  

f) A gozar anualmente de un período de vacaciones. 

g) A tener un descanso semanal (48 horas mínimas de descanso continuo). (Art. 51 CT.) 

h) A la prevención de accidentes.  

i) A la Protección de maternidad. 

j) A la Jubilación 

k) Al Montepío civil, entre otros.  

La mayoría de estos derechos, se originaron de la Revolución Juliana del año 1925; o sea, que se han mantenido en nuestra legislación por 100 años. 

 

De las vacaciones.  

La primera parte del Art. 69 del Código del Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso, incluido los días no laborables. Tengamos siempre presente que, el empleador no puede obligar a gozar de ese periodo por partes; pero, si lo pide el trabajador y si el empleador lo autoriza, se lo pueda hacer; pero lo contrario, no. 

El art. 69 del Código de trabajo también establece que:  

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente, de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 

 

Tal vez esta redacción resulte confusa, ya que establece una disyuntiva: o se goza los días adicionales o se recibe su valor en dinero. La elección entre los días adicionales por antigüedad o el pago en dinero, corresponderá al empleador (primer inciso del Art. 70 CT). 

 

La liquidación para el pago de vacaciones se hace calculando la veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año completo (este lapso de tiempo se computa desde la fecha en que el trabajador ingresó a trabajar). Ahora, cuando se habla de todo lo percibido, me refiero a todo lo ganado en dinero, servicios, o especie, lo pagado al trabajador en horas ordinarias, suplementarias, y extraordinarias, y toda otra retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa, en el mismo periodo. Si se termina la relación laboral antes de completar el periodo anual de labores, el trabajador tendrá el derecho de recibir la parte proporcional. 

 

Cálculo parte proporcional.  

Inicio de la relación laboral: 01/febrero/2022. 

Fin de la relación laboral: 12/noviembre/2023. Por renuncia. 

Remuneración: $500,00 

01/feb/2022 al 31/enero/2023 (un año) trabajador gozó de sus vacaciones. 

01/feb/2023 al 12/noviembre/2023 (9 meses, 12 días)  

 

500*12/24= 250 

250/12= 20.83 (valor por mes) 20.83*9= $187.47 

20.83/30= 0.69 (valor por día) 0.69*12= $8.28 

         $195.75 Valor a recibir. 

 

Ahora, hay casos en que el trabajador al terminar la relación laboral, no ha podido gozar de las vacaciones, o habiéndolas gozado, no ha podido o no ha deseado cobrarlas; y en estos casos lo que se deba pagar al trabajador dependerá de la causa por la que fueron postergadas, que pueden ser por decisión unilateral del empleador o por petición del trabajador. 

 

Veamos los distintos casos:  

 

Casos de pagos de vacaciones, con y sin recargo. 

Caso	El trabajador gozó de sus vacaciones	Le pagaron	Las vacaciones se postergaron por petición del trabajador	Las vacaciones se postergaron por disposición del empleador	El trabajador tiene derecho al pago de vacaciones	El trabajador tiene derecho al recargo del 100%	Art. Código del Trabajo.
1	No	No	--	Si	Si	Si	74
2	No	No	Si	--	Si	No	76
3	No	Si	Si	--	No	No	76 Jurisprudencia 18-VI-76

 

En el primer caso, el trabajador no toma sus vacaciones, no se las pagaron, pero por decisión del empleador fueron postergadas; el Art. 74 del Código del Trabajo establece que, el trabajador tiene derecho a un recargo del 100%.  

 

En el segundo caso, el trabajador no goza de sus vacaciones, existe la postergación por decisión del trabajador sin que haya recibido el pago por las vacaciones, pero si se termina la relación laboral, el trabajador que no hubiere tomado sus vacaciones, tendrá derecho al valor que le corresponda por el tiempo de las vacaciones no gozadas, sin recargo. 

 

En el tercer caso. Cuando se posterga las vacaciones por decisión del trabajador, recibió el valor por vacaciones, ante lo cual no tiene derecho al pago de vacaciones porque ya han sido pagadas, ni tiene derecho al pago de algún recargo establecido en el Código del Trabajo. 

 

Goce de vacaciones en contratos a tiempo parcial. 

El inciso segundo y tercero del Art. 82 del Código del Trabajo establece que:  

 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales.  

De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.  

 

Es decir que las vacaciones se pagarán sumando lo ganado en el periodo de cálculo y dividiendo este valor para 24. Pero el goce será completo, es decir 15 días o más, según los años que el trabajador(a) haya laborado. 

 

De los permisos por maternidad y paternidad y el horario por lactancia materna. 

Al comenzar sobre los permisos por maternidad, como antecedente, debo referirme a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (siglas en inglés es CEDAW). Es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, descrito como una declaración internacional de derechos para las mujeres. Fue instituido el 3 de septiembre de 1981 y ha sido ratificado por 189 estados, incluido el Ecuador el 09 de noviembre de 1981. 

 

En su artículo 11.2 determina que, con el fin de impedir la discriminación contra la mujer, por razones de matrimonio o maternidad, y para asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados que son partes de esta Convención, deben implementar la licencia de maternidad con sueldo pagado, o con prestaciones sociales comparables, sin pérdida del empleo previo, la antigüedad, o los beneficios sociales. 

 

Tengamos presente que, nuestra Constitución reconoce como un grupo de atención prioritaria, a las mujeres embarazadas, en períodos de maternidad o de lactancia, y les otorga, entre otros, el derecho a la protección prioritaria, al cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto y a disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.  

 

El posparto o puerperio es el tiempo que necesita el cuerpo de la mujer para recuperar progresivamente su condición antes del embarazo, se caracteriza por una serie de transformaciones psicológicas y fisiológicas progresivas y simultáneas que comienzan después del alumbramiento, que depende de la persona y del tipo de parto, pues en los partos por cesárea, al ser una cirugía, podrían suscitarse complicaciones posteriores. 

 

El derecho a la salud es un derecho humano que no se limita a la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que también consiste en garantizar un estado de bienestar físico, psicológico y social, por lo que se lo considera indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.  

 

A partir de que haya concluido su licencia por maternidad, por doce (12) meses la jornada de la madre lactante es de seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. 

 

Durante los quince (15) meses a partir de que haya concluido su licencia por maternidad, la jornada de la madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria, lo cual fue fijado mediante la Resolución de la Corte Constitucional No. 36, publicada en Registro Oficial Suplemento 231 de 4 de noviembre del 2021.  

 

Por su parte, el Código del Trabajo se establece:  

Art. 152. - Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por 10 días adicionales.  

 

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por un Doctor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que el parto ha ocurrido.  

 

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por 15 días por el nacimiento de su hija o hijo, cuando el nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más.  

 

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por 8 días más, y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por 25 días, hecho que se justificará con el certificado médico otorgado por un facultativo del IESS, y, a falta de éste, por otro profesional.  

 

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto, o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido. 

 

Art. 152.1 .- Licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos. 

El trabajador o trabajadora, concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tendrá derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por 15 meses adicionales después del goce de la licencia remunerada por maternidad, para atender al cuidado de los hijos.  

 

Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos.  

 

Terminado el periodo de licencia o permiso de paternidad o maternidad respectivamente, el padre o la madre podrán solicitar dentro de los 3 días posteriores a la terminación de la licencia o permiso de paternidad o maternidad, los fondos de cesantía que tuvieren acumulados, los mismos que serán entregados el día 61 contados a partir de la presentación de la solicitud; y para tal efecto estos valores no se considerarán para otras prestaciones de la seguridad social.  

 

Durante el periodo de licencia o permiso sin remuneración, se garantizarán las prestaciones de salud por parte de la seguridad social, las cuales deberán ser reembolsadas por parte del Ministerio de Salud Pública.  

 

Los contratos eventuales que se celebraren con un nuevo trabajador, para reemplazar en el puesto de trabajo al trabajador en uso de la licencia o permiso previstos en este artículo, terminarán a la fecha en que dicha licencia o permiso expire, y estarán exentos del pago del 35% previsto en el segundo inciso del artículo 17 del Código del Trabajo, en estos casos su plazo podrá extenderse hasta que dure la licencia.  

 

Si luego del uso de la licencia sin remuneración a la que se acoja el padre o la madre fuesen despedidos por este hecho, se considerará despido ineficaz. 

 

También existe la licencia por adopción (Art. 152.2 CT) - Los padres adoptivos tendrán derecho a una licencia por adopción por 30 días, a partir del momento en que le dan la adopción de una niña, niño o adolescente. 

 

Licencias o permisos sin remuneración. Cuando sea sujeto procesal del proceso penal.  

 

Licencias con sueldo. Por tratamiento médico de hijas o hijos con enfermedades degenerativas, tendrá derecho a 25 días de licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo hospitalizados o con patologías degenerativas. 

 

Desde el viernes 12 de mayo de 2023, entró en vigencia La Ley Orgánica de Derecho al Cuidado, que trajo cambios para los trabajadores y empleadores. Uno de ellos es que el padre puede también acceder a la licencia por lactancia, si su cónyuge está imposibilitada de ejercerla. Esta nueva normativa reconoce, además, el derecho de los trabajadores a cuidar de un tercero o de otros miembros del hogar que, de manera evidente, necesiten protección.  

 

A continuación, el detalle de los principales beneficios de la Ley: 

 

1. Licencia de maternidad remunerada. 

La Ley corrige el error de la Ley de Economía Violeta que estableció que tanto la licencia de maternidad como la lactancia eran, en conjunto, de 12 meses. Ahora queda claro que el tiempo de maternidad remunerado es de tres meses y con el período de lactancia es de 15 meses. 

 

2. Licencia de maternidad no remunerada. 

El trabajador o la trabajadora, concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tendrá derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por 15 meses adicionales. Esto después del goce de la licencia remunerada por maternidad, para atender al cuidado de los hijos. Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos. El período en que los trabajadores hagan uso de la licencia o permiso, conforme a lo establecido en el presente artículo, será computable a efectos de antigüedad. El acceso a este derecho no perturbará la estabilidad laboral ni el derecho a la seguridad social. Se pueden beneficiar de esta licencia el padre y la madre. Antes se mencionaba que la licencia podía ser compartida hasta en un 75% con el padre, pero esta disposición se derogó. 

 

3. Licencia de paternidad remunerada. 

La Ley determina una licencia remunerada de 15 días para el padre por el nacimiento de su hija o hijo. Antes, el padre tenía un permiso por paternidad de 10 días. A los 15 días, se sumarán cinco días más si hay parto múltiple o por cesárea, ocho días más si el niño nació prematuro o bajo cuidados especiales y 25 días más si existiesen enfermedades degenerativas. 

 

4. Licencia remunerada de lactancia 

La madre puede gozar de dos horas diarias para el cuidado del recién nacido por 15 meses contados desde que termina la licencia de maternidad remunerada. Lo novedoso es que la licencia la podrá gozar el padre del recién nacido en las mismas condiciones que la madre, cuando se justifique que la madre se encuentra imposibilitada de ejercer la lactancia. 

 

5. Por adopción 

Los padres adoptivos ahora tendrán derecho a una licencia por adopción por 30 días a partir de la salida de la entidad encargada del acogimiento institucional de adopción de la niña, niño o adolescente. Antes, el Código del Trabajo establecía una licencia por adopción de 15 días. 

 

6. Licencia remunerado de lactancia por adopción 

Esta licencia es para la madre y el padre adoptivos por 15 meses contados después de los tres meses siguientes a la fecha presunta del nacimiento del menor de edad hasta que este cumpla 18 meses de edad. 

 

7. licencia para el cuidado humano 

Se reconoce y garantiza la licencia del derecho al cuidado humano; es decir, a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.  

 

El texto define a la licencia del derecho al cuidado humano como el periodo de tiempo al cual se acogen las personas trabajadoras, sin discriminación alguna, promoviendo los principios, respetando los enfoques y garantizando los derechos del trabajador. 

 

8. Cuidado humano en el trabajo 

La Ley de Cuidado establece que las empresas deben facilitar los permisos periódicos para que la madre y el padre acudan a los controles prenatales durante el período de embarazo. Los empleadores también están obligados a dar permisos para que cuiden de la persona recién nacida, especialmente, en el periodo de parto y lactancia, y durante el periodo de adaptación del niño, niña o adolescente adoptado. 

 

9. Centros de cuidado 

Los empleadores están obligados a proveer a los trabajadores salas de apoyo a la lactancia. Estas salas deberán contar con las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna de acuerdo a las normas emitidas por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Ministerio del Trabajo. Las salas de apoyo a la lactancia materna en las instituciones públicas y privadas se implementarán de manera progresiva. Antes de esta ley, este beneficio se aplicaba para las empresas con más de 50 trabajadores. 

 

10. Servicios de cuidado infantil 

Además, los empleadores deberán ofrecer servicios de cuidado infantil, directamente o a través de acuerdos con centros infantiles financiados con recursos públicos, o manejados por instituciones del sector público o privado, cerca del lugar de trabajo. Este beneficio lo podrán tener los trabajadores con hijos de hasta cinco años. Este beneficio tiene que ser regulado a través de reglamento, pues sería difícil de cumplir especialmente para las microempresas. 

 

Principios de la Conciliación según el Código Orgánico General de Procesos. La imparcialidad.

La imparcialidad es un principio fundamental del derecho que exige que los jueces, árbitros y cualquier autoridad encargada de administrar justicia, actúen de manera objetiva y neutral, sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en un proceso. En otras palabras, la imparcialidad implica que la decisión se base únicamente en las pruebas presentadas, y en la aplicación de las normas legales vigentes, sin que influyan factores personales, intereses particulares o presiones externas.

La Constitución de la República del Ecuador establece:

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

Por su parte, el Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:

Art. 9.- Principio de Imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 de esta ley.

El Art.5 del Código Orgánico Integral Penal, refiere un conjunto de principios procesales y sostiene que “el derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios (…)” en los cuales se encuentra el principio de imparcialidad, previsto en el numeral 19 de la referida norma, que consagra:

(…) 19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la igualdad ante la Ley.

Con base a lo expuesto, es indiscutible que nuestra normativa consagra el principio de imparcialidad, como una garantía fundamental del debido proceso. Este principio es esencial, para garantizar la confianza en el sistema judicial, y asegurar que las decisiones judiciales sean justas y equitativas.

En el Derecho Internacional de los Derecho Humanos, la imparcialidad del juez ha sido vista como un derecho fundamental. Así lo expresa la Declaración Universal de los Derecho Humanos (1948) en su artículo 10:  “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (Organización de las Naciones Unidas, 1948).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969) artículo 8.1, referido a las garantías judiciales, expresa que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”

Empero, ¿por qué la imparcialidad es tan importante?

1. Porque le da legitimidad al sistema judicial: La imparcialidad es la base de la legitimidad del sistema judicial. Si los ciudadanos no confían en que los jueces actuarán de manera imparcial, perderán la fe en la justicia.

2. Protección de los derechos: La imparcialidad garantiza, que los derechos de todas las partes involucradas en un proceso, sean respetados y protegidos.

3. Prevención de la corrupción: La imparcialidad es un antídoto contra la corrupción, ya que evita que los jueces se vean influenciados por intereses económicos, políticos o de otra índole.

La imparcialidad se manifiesta en diversos aspectos del sistema jurídico ecuatoriano, entre ellos:

1. Selección y nombramiento de jueces: Los jueces deben ser seleccionados y nombrados a través de procesos transparentes y meritocráticos, que garanticen su idoneidad y objetividad.

2. Inhibición: Los jueces están obligados a inhibirse de conocer en un caso, cuando existan motivos que puedan afectar su imparcialidad, como vínculos personales con alguna de las partes, o intereses económicos en el asunto.

3. Motivación de las resoluciones: Las decisiones judiciales deben estar debidamente motivadas, es decir, deben explicar los fundamentos jurídicos en los que se basan, lo que permite verificar la aplicación objetiva de las normas.

4. Recurso de casación: Este recurso permite revisar las decisiones judiciales en busca de posibles violaciones al principio de imparcialidad u otros errores jurídicos.

A pesar de su importancia, el principio de imparcialidad enfrenta diversos desafíos en el sistema judicial ecuatoriano, entre ellos:

1. Presiones externas: Los jueces pueden estar sujetos a presiones políticas o económicas que pongan en riesgo su independencia.

2. Falta de recursos: La falta de recursos económicos puede afectar la independencia de los jueces y dificultar el acceso a la justicia.

3. Percepción pública: La percepción pública de la imparcialidad de los jueces puede verse afectada por casos de corrupción o de decisiones judiciales cuestionables.

Para concluir podemos concluir, que la imparcialidad es un pilar fundamental del Estado de Derecho y un requisito indispensable para garantizar una justicia justa y equitativa. En Ecuador, como en muchos otros países, se han logrado avances significativos en la consolidación del principio de imparcialidad, pero aún existen desafíos que deben ser superados.

 

  

Bibliografía

Constitución de la República del Ecuador

Código Orgánico de la Función Judicial

https://www.centrosureditorial.com/index.php/revista/article/download/99/284/474#:~:text=La%20imparcialidad%20es%20la%20garant%C3%ADa,causa%20que%20conocen%20bajo%20su

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/478

La prueba para mejor resolver.

 

1. ¿Cuál es el origen de la prueba para mejor resolver en el ordenamiento procesal ecuatoriano?

El origen de esta figura se remonta al principio de la búsqueda de la verdad material en el proceso judicial. En lugar de limitarse únicamente a la información presentada por las partes, el juez tiene la facultad de indagar más allá para obtener una comprensión completa de los hechos y circunstancias del caso.

 En el contexto específico del sistema judicial ecuatoriano, la prueba para mejor resolver está regulada en el Código de Procedimiento Civil y otras normativas procesales. Este mecanismo permite al juez ordenar la realización de diligencias, pericias, o cualquier otra actividad que considere necesaria para esclarecer aspectos relevantes del caso antes de dictar su resolución final. Esto busca garantizar que la decisión judicial esté fundamentada en una comprensión cabal de los hechos y el derecho aplicable.

 El Código de Trabajo en Ecuador regula las relaciones laborales y los procedimientos relacionados con el trabajo. Sin embargo, el concepto de "prueba para mejor resolver" generalmente se encuentra más comúnmente asociado con el derecho procesal civil y penal, en lugar del derecho laboral.

 En el caso específico del ordenamiento laboral ecuatoriano, no hay una disposición explícita que haga referencia a la prueba para mejor resolver como se encuentra en el Código de Procedimiento Civil (COGEP) u otras normativas procesales. En el contexto laboral, la obtención de pruebas generalmente sigue los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y otras leyes laborales pertinentes.

 

Sin embargo, es posible que, en casos laborales complejos o disputas legales, los jueces o tribunales apliquen principios generales de justicia procesal para obtener la información necesaria para resolver el caso de manera justa y equitativa. En tales situaciones, podrían recurrir a medidas similares a la prueba para mejor resolver para asegurarse de que cuentan con todos los elementos relevantes para dictar una resolución. Aunque esto puede no estar explícitamente contemplado en el Código de Trabajo, los principios generales de justicia y equidad pueden guiar la actuación de los jueces en estos casos.

 La prueba para mejor resolver en el ordenamiento procesal ecuatoriano tiene su origen en el Código de Procedimiento Civil (Código Orgánico General de Procesos - COGEP), que es la normativa que regula los procedimientos judiciales en el país. El COGEP establece los principios y procedimientos que deben seguirse en los diferentes tipos de procesos, incluyendo aquellos relacionados con la obtención de pruebas y la resolución de conflictos.

 El artículo 226 del COGEP aborda específicamente la prueba para mejor resolver. Este artículo faculta al juez para ordenar, en cualquier estado del proceso, la realización de diligencias, pericias o cualquier otro medio probatorio que considere necesario para aclarar los hechos o circunstancias controvertidos en el proceso.

 El propósito de esta disposición es permitir al juez obtener la información adicional que requiere para dictar una resolución fundada en una comprensión completa de los hechos y el derecho aplicable. De esta manera, se busca asegurar que la decisión judicial sea justa y equitativa, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes para resolver la controversia.

 

 2. ¿Cuáles son las regulaciones legales de la prueba para mejor resolver en Ecuador en la actualidad?

Las regulaciones legales de la prueba para mejor resolver en el Ecuador son las siguientes:

El artículo 168 del Código Orgánico General de Procesos cuyo texto reza:

“La o el juzgador podrá, excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.”

 

Por otra parte, el artículo 226 del Código Orgánico General de Procesos determina:

“Informe pericial para mejor resolver. En caso de que los informes periciales presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes sobre un mismo hecho, la o el juzgador podrá ordenar el debate entre sí de acuerdo con lo dispuesto en el presente Código.

Si luego del debate entre las o los peritos, la o el juzgador mantiene dudas sobre las conclusiones de los peritajes presentados, ordenará en la misma audiencia un nuevo peritaje, para cuya realización sorteará a una o un perito de entre los acreditados por el Consejo de la Judicatura, precisando el objeto de la pericia y el término para la presentación de su informe, el mismo que inmediatamente será puesto a conocimiento de las partes.

En aquellos casos en que una de las partes sea representada por una o un defensor público o demuestre tener escasos recursos económicos, los honorarios y gastos del peritaje, podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura, a petición de esta.”

 

Así también, el Código Orgánico de la Función Judicial en este sentido establece como deberes de las Juezas y Jueces:

 

“Art. 130.- Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben:

10. Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad;”

 

3. ¿cuáles serían las ventajas y desventajas del uso de la prueba para mejor resolver en el procedimiento laboral regulado en el COGEP?

 

La prueba para mejor resolver es una herramienta legal que se utiliza en el procedimiento laboral en Ecuador.

 Entre sus ventajas, tenemos:

-        Permite a la jueza o juez ordenar la práctica de pruebas adicionales durante la audiencia única o de juicio. Esto brinda flexibilidad para esclarecer los hechos controvertidos.

-        Al permitir la práctica de pruebas adicionales, se busca obtener una visión más completa y precisa de los hechos en disputa.

-        La jueza o juez puede suspender la audiencia por hasta quince días para recopilar la información necesaria. Esto permite adaptarse a situaciones complejas o inesperadas.

Entre las desventajas, se suscitan:

-        Que la práctica de pruebas adicionales puede prolongar el proceso judicial, lo que podría afectar la celeridad del procedimiento.

-        Que la realización de pruebas adicionales puede implicar gastos adicionales para las partes involucradas.

-        Que la decisión de ordenar pruebas adicionales debe estar debidamente fundamentada, lo que puede ser un desafío en casos complejos.

 

En resumen, la Prueba para Mejor Resolver ofrece flexibilidad y la posibilidad de esclarecer los hechos, pero también puede generar demoras y costos adicionales en el procedimiento laboral regulado por el Código Orgánico General de Procesos.

 

 

Bibliografía consultada:

Código Orgánico General Procesal

Código Orgánico de la Función Judicial

 

Validez jurídica de la apelación dentro del trámite administrativo de Visto Bueno en Ecuador.

 https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/download/2891/2381/22467 

El principio de inmediación y las audiencias telemáticas en el Ecuador.

En los últimos tres decenios en América latina y en el Ecuador, se han dado algunos cambios en el proceso judicial.

En nuestro país, con la Constitución de 1998 y 2008, se introdujo a nuestra legislación el sistema oral. Poco fueron los avances sobre el tema, hasta que en el año 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, que regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral, de extinción de dominio y penal. La oralidad está íntimamente vinculada con el principio de inmediación, que posibilita la interacción directa de los sujetos procesales.

La Constitución establece que el sistema procesal consagrará los principios de simplificación, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal (Art. 169 de la Constitución); así mismo el Código Orgánico de la Función Judicial, ordena al Juez, intervenir directamente en los procesos que estén bajo su conocimiento; manifiesto concordante con el hecho, de que el juez debe estar presente en la evacuación de pruebas y demás actuaciones fundamentales del proceso judicial (Art. 6 COGEP), y en esto, nuestro ordenamiento jurídico sigue los postulados de los autores antes citados.

La Corte Nacional de Justicia, con la finalidad de no afectar el servicio de acceso a la justicia, emite resoluciones tendientes a este fin, así como aquellas que garanticen la validez de las audiencias; por ejemplo, las grabaciones de las audiencias o su realización de forma telemática. Ante ello han creado y emitido protocolos de audiencias telemáticas, en conjunto con el Consejo de la Judicatura. En el evento excepcional de que las audiencias se deban realizar presencialmente, se respetarán las medidas de bioseguridad correspondientes, a fin de salvaguardar la salud e integridad física de quienes participen en ella. (Resolución 06-2021)

El principio de inmediación constituye la hipótesis básica en el sistema procesal oral y la actividad probatoria. De acuerdo con esto, el juez que mantiene contacto directo con las partes procesales durante la prosecución de la litis judicial, debe ser el que resuelve el caso tanto en sentencia oral, como escrita, empero, el COGEP, no previno los escenarios de ausencia definitiva del juzgador que, habiendo dictado sentencia oral, no dictó la sentencia escrita.

Se dispuso que mientras perdure la emergencia sanitaria, todas las judicaturas del territorio nacional ecuatoriano, realicen audiencias con utilización de medio telemáticos aplicando videoconferencias o cualquier otro medio tecnológico, también se exceptúa casos en los que no sea factible realizar dichas audiencias, facultando al juez que se les convoque personalmente, siempre y cuando sea indispensable para garantizar el derecho a la contradicción y a la defensa.

Para el cumplimiento de lo anteriormente indicado se dispone que los administradores de justicia observen y cumplan los protocolos de audiencias telemáticas, dictadas por la Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, cosa que en la práctica no se cumple a cabalidad, ya que existen varios juzgados a nivel nacional que presenten deficiencias técnicas al momento de realizar las audiencias telemáticas.

El principio de inmediación corresponde a un derecho fundamental de los procesos judiciales, mismo que debe ser acatado por las autoridades competentes pero este se ve vulnerado en la actualidad debido a la pandemia que atraviesa el mundo, pero en nuestro sistema de justicia cada vez se pone en evidencia la falta de actuación en los procesos civiles, debido a que en muchos procesos existen retrasos y otros no son ejecutados de la forma correcta ni tomando en cuenta la normativa legal vigente, la falta de control sobre estas cuestiones judiciales desfavorecen de manera significativas a la partes procesales, misma que el organismo encargado debe regular de forma más estricta, y no solo por medio de resoluciones, ya que esto no garantiza una plena actuación judicial.

 

La implementación de las audiencias telemáticas en el Ecuador

El mundo atravesó una serie de cambios provocados por la pandemia por COVID-19 en el año 2020, que como consecuencia trajo consigo que las personas nos aislemos y que no tengamos ningún contacto social para evitar la propagación del virus y que no existan contagios masivos.

En nuestro país, la pandemia generó el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio mediante Decreto Nro. 1017 emitido por el presidente de la República; emergencia sanitaria que inició en marzo del 2020, que produjo la revisión detalladamente las normativas vigentes con el objetivo de que los procesos se continúen tramitando y evitar el retraso de los mismos; ante este particular, se implementa el teletrabajo visto como un sistema de trabajo remoto no presencial, cumpliendo un horario laboral, facultando a los servidores públicos realizar sus actividades laborales fuera de la institución siempre y cuando esto sea factible, y días después del 23 de marzo de 220, se hace oficial en nuestro ordenamiento judicial, que el mecanismo a aplicar a las audiencia sería la vía telemática, para lo cual se aplicó el uso de tecnologías de la información y comunicación, es así que el Consejo de la Judicatura lleva adelante tramites y audiencias en línea. (Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, 2020).

Se establece como consecuencia de la pandemia por COVID 19, la implementación de las audiencias telemáticas, donde los sujetos procesales como testigos, actos y demandado, auxiliares de la justicia puedan comparecer a la audiencia fijada por el juez mediante vía telemática; esto, conforme consta en el Informe de la Cumbre Judicial Iberoamericana del año 2020.

Es menester remitirse como antecedente, la promulgación y entrada en vigor del Código Orgánico General de Procesos, el 22 de mayo del 2016 en Ecuador, la implementación del sistema oral en la normativa procesal ecuatoriana fue un mandato de las Constituciones de 1998 y concretándose totalmente en el año 2008. Esto implica que entra en vigencia el sistema procesal oral ecuatoriano, basándose en los principios: dispositivos, inmediación, concentración, contradicción, publicidad y celeridad procesal, así es que el artículo 1 del Código Orgánico General de Procesos determina que la regulación de la actividad procesal en todas las materias exceptuándose los temas constitucionales, electorales y penales; es decir, lo que se regula es el procedimiento civil propiamente dicho. (Código Orgánico General de Procesos, 2015)

Por motivos de la pandemia del COVID 19 existía un sinnúmero de casos civiles que fueron tramitados de forma remota, ya sea ingreso de escritos, solicitud de diligencias y por supuesto la realización de audiencias de forma telemática. Eso puso en marcha el sistema tecnológico y de forma obligatoria ha exigido el conocimiento tecnológico de los administradores de justicia, funcionarios judiciales y administrativos, defensores públicos, abogados en el libre ejercicio y usuarios en general, para poder desarrollar una audiencia telemática.

El Consejo de la judicatura, se dispuso que, en base a sus atribuciones la Corte Nacional de Justicia debiera emitir una guía para el desarrollo de audiencias virtuales y que el Consejo de la Judicatura determinara las especificaciones técnicas a observar por parte de las y los juzgadores, de forma que se “garantice el normal desenvolvimiento de las mismas”. (Corte Nacional de Justicia, 2021)

Las audiencias telemáticas están relacionadas con el principio de inmediación dentro de un proceso oral por audiencias, que no es otra cosa más que el contacto directo que tiene el juez con las partes procesales, con la práctica de prueba, para que mediante el cumplimiento de cada precepto pueda el juzgador tomar la mejor decisión.

Sobre este tema, hasta el momento existen varias interrogantes planteadas por diferentes juristas e inclusive por los administradores de justicia, en el sentido de que si la realización de audiencias en línea vulneran principios y derechos constitucionales, e inclusive se analizó si a partir de las audiencias telemáticas no se vulnera la jurisdicción, con el antecedente de que el juez puede conectarse de un lugar distinto a su lugar de trabajo al respecto se dio un alcance legal por parte de la corte en la que se subsanó el impase.

La Corte Constitucional resolvió:

Artículo 1.- El lugar en donde la jueza, juez o tribunal establezca su conexión para el caso de las audiencias telemáticas y en general para el teletrabajo, no altera su competencia territorial, en virtud de las restricciones de movilidad existentes por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 o imposibilidad física debidamente justificada.

Artículo 2.- En razón del estado de emergencia sanitaria y la declaratoria de estado de excepción, esta resolución regirá́ a partir de la fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.” (Resolución 06-2020)

Sin lugar a duda la emergencia sanitaria trae consigo la modernidad del derecho y sobre todo una nueva manera de ejercer el derecho, de ahí la necesidad imperiosa de analizar hasta qué punto se cumplen todas las solemnidades y principios sustanciales al momento de tramitar un proceso civil, ya que para evitar el contacto por las partes; el Consejo de la Judicatura tiene habilitado una ventanilla virtual para ingreso de escritos a partir de ocho a dieciséis horas, de esta manera tanto actor y demandado, pueden realizar solicitudes vía remota, lo propio sucede con las notificaciones que son recibidas mediante casilla judicial electrónica que también está habilitada para tal efecto.

Por otro lado, la inmediación es un principio del derecho procesal que se oriente a la relación directa de los litigantes con el juez, donde se prescinde de la intervención de terceras personas, cuya finalidad es el acercamiento de las partes litigantes con el juez, para que este último tenga una mejor visión de los hechos controvertidos. El juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes, inclusive recibiendo personalmente las pruebas, para que se tutelen bajo su acción inmediata”, para que no se vicie la prueba, teniendo la potestad de participar activamente en el proceso y pueda mantener una percepción objetiva del proceso. (Cevallos Sánchez y Salazar, 2018)

En este sentido, la inmediación hace relación con el derecho a ser escuchados conforme lo está previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresa: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto significa que, a través de un proceso escrito, no se puede garantizar plenamente este derecho, esto por cuanto; en la inmediación propia del sistema oral se presenta “una interacción directa e inmediata entre las partes y el juez de la causa en el examen y contra examen de las pruebas del proceso, y por ello, la decisión judicial se fundamenta en la información que fue recibida en audiencia. (Gallejos-Rojas, 2019)

 

CONCLUSIÓN

El principio de inmediación se constituye como el principio procesal elemental para la actividad probatoria en el sistema procesal oral civil, ya que a través de este se configura la interrelación directa del juzgador, los medios de prueba y las partes, con lo cual, el juez puede alcanzar la certeza jurídica del caso y aplicar la sana crítica para valorar los medios probatorios, que en conjunto con las alegaciones realizadas por los legitimados, lo conducirán para obtener la decisión en la causa, que se traducirá en su sentencia, primeramente oral, y posteriormente escrita.

A partir de la fundamentación teórica sobre el principio de inmediación en juicios civiles virtuales durante la emergencia sanitaria en Ecuador, es importante mencionar la gran importancia que conlleva la aplicación efectiva del principio inmediación en los juicios civiles, ya que no se trata de un principio formal; sino, legal y de importancia trascendente dentro de la realización de una audiencia, ya que este principio versa sobre el contacto que debe existir entre las partes procesales y el expediente propiamente dicho, pero sobre todo con el acceso revisión, despacho, validación y evacuación de la carga probatoria

Las audiencias telemáticas, se ven justificadas por el despacho de procesos judiciales en menor tiempo, así también se garantiza la comparecencia de los sujetos procesales a las audiencias, ya que por este medio se permitiría su comparecencia por medios digitales.

Las audiencias telemáticas constituyen un desafío dentro de la administración de justicia, y en la práctica de prueba; ya que, como se ha dicho en líneas anteriores, la prueba documental, su anuncio y producción debe de hacerse en presencia de los sujetos procesales, conjuntamente con el juez, por el derecho constitucional a la contradicción y a la defensa. Mismo que debe de cumplir con lo que ordena el artículo 196 del COGEP reformado en cuanto a su producción, que no es otra cosa que la exhibición y lectura en su parte pertinente, con una particularidad que se puede hacer por medios digitales. En la prueba testimonial no existen reformas legales al respecto, sino más bien el testimonio de los testigos, puede ser preparado o incluso el testigo puede estar leyendo o replicando respuestas preparadas. La prueba pericial no reviste de mayor problema, ya que, el perito al tener conocimientos científicos, técnicos, etc., son llamados en un proceso para hacerles conocer de mejor manera un hecho controvertido a los jueces, por lo que su comparecencia podría ser mediante estas herramientas digitales.

El juez en todo momento debe estar presente dentro de un proceso judicial, ya que es el llamado a impartir justicia dentro de esta sociedad de derecho; pero tomando en cuenta los avances tecnológicos que se nos presenta. Con lo que podemos concluir que los jueces son los llamados a respetar la Constitución de la República, y demás leyes, tratando de velar por el respeto de los derechos y garantías referentes al debido proceso, es decir al ser directores del proceso, deben de velar que no se vulnere ningún derecho o garantía, sino más bien que se cumpla con cada una de ellas

 

RECOMENDACIONES

El sistema judicial debe de estar preparado para las audiencias telemáticas, el Consejo de la Judicatura, debe mejorar su ancho de banda para que abastezca primero a los servidores judiciales dentro de sus actividades laborables, y que exista la posibilidad de que las partes procesales, sea actor o demandado puedan solicitar por escrito que se lleve a cabo por vía telemática. Incluso si el mismo juez se encuentra imposibilitado de acudir personalmente a la sala audiencia, él puede convocar oportunamente a audiencia telemática.

El Consejo de la Judicatura deberá de capacitar a sus funcionarios de manera constante, deben de crear protocolos para el manejo de las audiencias telemáticas, que se prevea los posibles fallos en su desarrollo normal; se debe equipar a las distintas unidades judiciales para el pleno desarrollo de una audiencia telemática, de un proyector, micrófono, altavoces, en un espacio adecuado, etc.

También debe de existir una preparación oportuna por parte de los sujetos procesales, ante la convocatoria audiencia, es decir actor y demandado deben de informarse sobre cada uno de los medios de prueba que anunció la parte contraria para poder aceptar o negar algún medio de prueba, e incluso determinar con exactitud en que foja se encuentra determinado medio de prueba y que no se vea improvisada el desenvolvimiento de la audiencia por parte de los profesionales en esta área.

Se recomienda que se implemente un marco jurídico propio que regule el tema de las audiencias telemáticas, fijando parámetros y límites de actuación por parte de los sujetos procesales, además que se garantice la seguridad electrónica de los procesos en línea para evitar fraudes electrónicos. Como iniciativa para el pleno desarrollo de las audiencias telemáticas, se debe de implementar en todo el Ecuador, que los sujetos procesales puedan comparecer en cualquier parte del territorio o donde se encuentren a las sedes judiciales, para que comparezcan a las audiencias fijadas por la Autoridad, vía electrónica, siempre respetando la competencia propia de cada juez; para ello todo el sistema judicial debe de dotarse de equipos tecnológicos de punta, para que al momento de dicha diligencia primero se constate por parte de un servidor judicial si es la persona llamada a intervenir en el proceso, además en la práctica de prueba testimonial se verificara que el testigo no este leyendo o replicando respuestas ya preparadas, o que alguien le esté ayudando a responder.

 

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, (2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Recuperado de https://n9.cl/sia

Bernal, T. C. (2016). Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y ciencias sociales [Research methodology: for administration, economics, humanities and social sciences] (Segunda ed.). México: Editorial Pearson Educación. Obtenido de https://n9.cl/dn8lf

Cevallos Sánchez, G., y Litardo Salazar, F. (2018). Análisis de los principios constitucionales que regulan el nuevo Sistema Procesal Civil Ecuatoriano.[Analysis of the constitutional principles that regulate the new Ecuadorian Civil Procedure System] Revista Universidad y Sociedad, 10(5), 248-254. Recuperado de: https://n9.cl/091h

Corte Nacional de Justicia (2021) Protocolo para la realización de audiencias telemáticas en la Corte Nacional de Justicia. [Protocol for conducting telematic hearings in the National Court of Justice]. Recuperado de: https://n9.cl/zzeqd Corte Nacional de Justicia (2021) Resolución 06-

2021.[Resolution 06-2021].Recuperado de: https://n9.cl/jq7de

República del Ecuador (2015) Código Orgánico General de Procesos, COGEP. [General Organic Process Code, COGEP]. Ley 0 Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may-2015. Recuperado de: https://n9.cl/o2op

Gallegos Rojas, R. (2019) El principio de inmediación y la actividad probatoria en la normativa procesal ecuatoriana. [The principle of immediacy and probative activity in the Ecuadorian procedural law] INNOVA Research Journal, 4, (2), 120-131. DOI: https://doi.org/10.33890/innova.v4.n2.2019.978 Muñoz, R. C. (2018). Metodología de la investigación. [Research methodology] (Primera ed.). México: Editorial Oxford University Press. Obtenido de https://n9.cl/y56c

Palacio Riofrio, M. (2016) Vulneración del principio de inmediación establecido en el Art. 610 del Código Orgánico Integral Penal, por la aplicación de la audiencia telemática en la etapa de juicio. [Violation of the principle of immediacy established in Article 610 of the Organic Integral Criminal Code, by the application of the telematic heari ng in the trial stage]. Tesis previa a la obtención del Título de Abogada. Universidad Nacional de Loja. Ecuador. Recuperado de: https://n9.cl/hgijq

República del Ecuador (2015) Código Orgánico General de Procesos, COGEP. [General Organic Process Code, COGEP]. Ley 0 Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015. Recuperado de: https://n9.cl/o2op

Ciertos aspectos del Recurso de Apelación. Por Abg. Washington Navarrete Freire, Mgtr.

¿Se debería interponer el recurso de apelación ante al auto interlocutorio de admisión de la prueba de la contraparte?

Si bien la Constitución en el literal m), numeral 7 del Art. 76 establece el derecho a recurrir (Constitución de la República del Ecuador., 2008), tenemos que analizar bien antes de presentar un recurso de apelación; si realmente se está violando una garantía procesal, un derecho, o si efectivamente se está violando norma expresa.

El Código Orgánico General de Procesos establece en el artículo 256, la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de la primera instancia, así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda expresamente este recurso. Los autos interlocutorios están determinados en el Art. 88 ibidem, como aquellas providencias que resuelven cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento.(Código Orgánico General de Procesos., 2015)

Como se ha manifestado en clases, no podemos apelar por apelar. Debemos considerar ese recurso como un derecho de las partes procesales, para buscar que esa decisión judicial, que se considere injusta por un error en la aplicación de la ley, o porque se avizoran vicios de nulidad que afectan los derechos del apelante, o porque se esté violando el debido proceso, pueda ser revisada por un órgano judicial superior.

No todas las decisiones que dicta el juez dentro del proceso son recurribles, dependen del grado de importancia o trascendencia que la decisión tenga dentro del juicio, así por principio general aquellas resoluciones que se pronuncien sobre la controversia principal o un tema controvertido en la causa, son susceptibles de impugnación, en tanto que otras, a las que se conoce como de mero trámite, no lo son.(ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. EL RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS ES PROCEDENTE RESPECTO DE LOS CUALES LA NORMA EXPRESAMENTE HA PREVISTO., 2019)

Con el Código de Procedimiento Civil se establecía la norma que “siempre que la ley no negre expresamente un recurso, se entenderá que lo concede”; empero, el Código Orgánico General de Procesos, cambia ese principio, y establece que habrá un recurso cuando la ley expresamente lo concede. Si la ley no establece la posibilidad de recurrir o apelar el auto interlocutorio de admisión de la prueba de la contraparte, el juzgador no puede dar paso a esa apelación, y como analizamos, son apelables los autos interlocutorios de: auto de calificación de la demanda (Art. 146 COGEP); Auto de abandono (Art. 86.1 y 87 COGEP); Auto sobre excepciones previas (Art. 295 COGEP); Auto de nulidad, y Auto de archivo de la causa (Art. 295 COGEP).

¿La fundamentación del recurso de apelación debe de ser controlado por el juez de primer nivel, pudiendo este solicitar al interesado, aclare o amplie su recurso intentado? Fundamente su respuesta.

El Derecho a apelar decisiones judiciales, es una facultad inherente al ser humano y está reconocido en nuestra Constitución, instrumentos internacionales y ley ordinaria, fuentes que han sido complementadas por jurisprudencias; esto, con el único objetivo de garantizar a una parte procesal, una tutela judicial efectiva y la no violación de derechos.

Sobre este tema, el Art. 258 del COGEP, de manera taxativa, que la apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de plano y se tendrá a los recursos como no deducidos.(Código Orgánico General de Procesos., 2015). En la fundamentación del recurso de apelación, debe contener los puntos o aspectos del auto o sentencia que se impugna y que el recurrente estime incorrectos, ya sea en la aplicación o no de las normas de Derecho, en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas. Esto será valorado por el juez superior y no por el juez de primer nivel, ya que -en esencia- la apelación conlleva a que la decisión recurrida sea revisada por una autoridad judicial distinta a la que emitió la providencia apelada.

Si el juez de primera instancia tuviese que verificar la fundamentación del recurso; al ser éste quien dictó el fallo, y si el juzgador está convencido sobre su legalidad, puede que no actúe con imparcialidad, poniendo en desventaja al recurrente. El momento procesal para el control de la fundamentación es ante los jueces de la Sala de la Corte Provincial de Justicia, quienes serán designados por sorteo (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL., 2009), garantizándose así el principio de imparcialidad. De ahí que el legislador ha sido coherente en que, las decisiones judiciales apeladas, sean revisadas por una autoridad juridicial superior a la que emanó la decisión.

Después de revisar la normativa, podemos concluir que no procede que el Juez de primer nivel, o que los magistrados de la Sala, manden al recurrente, a aclarar o ampliar el recurso intentado, pues esa facultad no está prevista en el Código Orgánico General de Procesos. La correcta fundamentación debe realizarse al momento de presentar el recurso de apelación, la cual se notificará a la contraparte para que conteste en el término de 10 días.

Bibliografía consultada.

       CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL., Suplemento Registro Oficial N° 544 de 09 de marzo del 2009. Última modificación: 29 de marzo del 2023 (2009).

       Código Orgánico General de Procesos., Ley 0 Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may-2015. (2015).

       Constitución de la República del Ecuador., Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 (2008).

  ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. EL RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS ES PROCEDENTE RESPECTO DE LOS CUALES LA NORMA EXPRESAMENTE HA PREVISTO., FJA-PCPA-243-2019 (2019).