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lunes, 24 de febrero de 2025

Principios de la Conciliación según el Código Orgánico General de Procesos. La imparcialidad.

La imparcialidad es un principio fundamental del derecho que exige que los jueces, árbitros y cualquier autoridad encargada de administrar justicia, actúen de manera objetiva y neutral, sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en un proceso. En otras palabras, la imparcialidad implica que la decisión se base únicamente en las pruebas presentadas, y en la aplicación de las normas legales vigentes, sin que influyan factores personales, intereses particulares o presiones externas.

La Constitución de la República del Ecuador establece:

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

Por su parte, el Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:

Art. 9.- Principio de Imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 de esta ley.

El Art.5 del Código Orgánico Integral Penal, refiere un conjunto de principios procesales y sostiene que “el derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios (…)” en los cuales se encuentra el principio de imparcialidad, previsto en el numeral 19 de la referida norma, que consagra:

(…) 19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la igualdad ante la Ley.

Con base a lo expuesto, es indiscutible que nuestra normativa consagra el principio de imparcialidad, como una garantía fundamental del debido proceso. Este principio es esencial, para garantizar la confianza en el sistema judicial, y asegurar que las decisiones judiciales sean justas y equitativas.

En el Derecho Internacional de los Derecho Humanos, la imparcialidad del juez ha sido vista como un derecho fundamental. Así lo expresa la Declaración Universal de los Derecho Humanos (1948) en su artículo 10:  “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (Organización de las Naciones Unidas, 1948).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969) artículo 8.1, referido a las garantías judiciales, expresa que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”

Empero, ¿por qué la imparcialidad es tan importante?

1. Porque le da legitimidad al sistema judicial: La imparcialidad es la base de la legitimidad del sistema judicial. Si los ciudadanos no confían en que los jueces actuarán de manera imparcial, perderán la fe en la justicia.

2. Protección de los derechos: La imparcialidad garantiza, que los derechos de todas las partes involucradas en un proceso, sean respetados y protegidos.

3. Prevención de la corrupción: La imparcialidad es un antídoto contra la corrupción, ya que evita que los jueces se vean influenciados por intereses económicos, políticos o de otra índole.

La imparcialidad se manifiesta en diversos aspectos del sistema jurídico ecuatoriano, entre ellos:

1. Selección y nombramiento de jueces: Los jueces deben ser seleccionados y nombrados a través de procesos transparentes y meritocráticos, que garanticen su idoneidad y objetividad.

2. Inhibición: Los jueces están obligados a inhibirse de conocer en un caso, cuando existan motivos que puedan afectar su imparcialidad, como vínculos personales con alguna de las partes, o intereses económicos en el asunto.

3. Motivación de las resoluciones: Las decisiones judiciales deben estar debidamente motivadas, es decir, deben explicar los fundamentos jurídicos en los que se basan, lo que permite verificar la aplicación objetiva de las normas.

4. Recurso de casación: Este recurso permite revisar las decisiones judiciales en busca de posibles violaciones al principio de imparcialidad u otros errores jurídicos.

A pesar de su importancia, el principio de imparcialidad enfrenta diversos desafíos en el sistema judicial ecuatoriano, entre ellos:

1. Presiones externas: Los jueces pueden estar sujetos a presiones políticas o económicas que pongan en riesgo su independencia.

2. Falta de recursos: La falta de recursos económicos puede afectar la independencia de los jueces y dificultar el acceso a la justicia.

3. Percepción pública: La percepción pública de la imparcialidad de los jueces puede verse afectada por casos de corrupción o de decisiones judiciales cuestionables.

Para concluir podemos concluir, que la imparcialidad es un pilar fundamental del Estado de Derecho y un requisito indispensable para garantizar una justicia justa y equitativa. En Ecuador, como en muchos otros países, se han logrado avances significativos en la consolidación del principio de imparcialidad, pero aún existen desafíos que deben ser superados.

 

  

Bibliografía

Constitución de la República del Ecuador

Código Orgánico de la Función Judicial

https://www.centrosureditorial.com/index.php/revista/article/download/99/284/474#:~:text=La%20imparcialidad%20es%20la%20garant%C3%ADa,causa%20que%20conocen%20bajo%20su

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/478

La prueba para mejor resolver.

 

1. ¿Cuál es el origen de la prueba para mejor resolver en el ordenamiento procesal ecuatoriano?


El origen de esta figura se remonta al principio de la búsqueda de la verdad material en el proceso judicial. En lugar de limitarse únicamente a la información presentada por las partes, el juez tiene la facultad de indagar más allá para obtener una comprensión completa de los hechos y circunstancias del caso.

 En el contexto específico del sistema judicial ecuatoriano, la prueba para mejor resolver está regulada en el Código de Procedimiento Civil y otras normativas procesales. Este mecanismo permite al juez ordenar la realización de diligencias, pericias, o cualquier otra actividad que considere necesaria para esclarecer aspectos relevantes del caso antes de dictar su resolución final. Esto busca garantizar que la decisión judicial esté fundamentada en una comprensión cabal de los hechos y el derecho aplicable.

 El Código de Trabajo en Ecuador regula las relaciones laborales y los procedimientos relacionados con el trabajo. Sin embargo, el concepto de "prueba para mejor resolver" generalmente se encuentra más comúnmente asociado con el derecho procesal civil y penal, en lugar del derecho laboral.

 En el caso específico del ordenamiento laboral ecuatoriano, no hay una disposición explícita que haga referencia a la prueba para mejor resolver como se encuentra en el Código de Procedimiento Civil (COGEP) u otras normativas procesales. En el contexto laboral, la obtención de pruebas generalmente sigue los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y otras leyes laborales pertinentes.

 

Sin embargo, es posible que, en casos laborales complejos o disputas legales, los jueces o tribunales apliquen principios generales de justicia procesal para obtener la información necesaria para resolver el caso de manera justa y equitativa. En tales situaciones, podrían recurrir a medidas similares a la prueba para mejor resolver para asegurarse de que cuentan con todos los elementos relevantes para dictar una resolución. Aunque esto puede no estar explícitamente contemplado en el Código de Trabajo, los principios generales de justicia y equidad pueden guiar la actuación de los jueces en estos casos.

 La prueba para mejor resolver en el ordenamiento procesal ecuatoriano tiene su origen en el Código de Procedimiento Civil (Código Orgánico General de Procesos - COGEP), que es la normativa que regula los procedimientos judiciales en el país. El COGEP establece los principios y procedimientos que deben seguirse en los diferentes tipos de procesos, incluyendo aquellos relacionados con la obtención de pruebas y la resolución de conflictos.

 El artículo 226 del COGEP aborda específicamente la prueba para mejor resolver. Este artículo faculta al juez para ordenar, en cualquier estado del proceso, la realización de diligencias, pericias o cualquier otro medio probatorio que considere necesario para aclarar los hechos o circunstancias controvertidos en el proceso.

 El propósito de esta disposición es permitir al juez obtener la información adicional que requiere para dictar una resolución fundada en una comprensión completa de los hechos y el derecho aplicable. De esta manera, se busca asegurar que la decisión judicial sea justa y equitativa, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes para resolver la controversia.

 

 2. ¿Cuáles son las regulaciones legales de la prueba para mejor resolver en Ecuador en la actualidad?

Las regulaciones legales de la prueba para mejor resolver en el Ecuador son las siguientes:

El artículo 168 del Código Orgánico General de Procesos cuyo texto reza:

“La o el juzgador podrá, excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.”

 

Por otra parte, el artículo 226 del Código Orgánico General de Procesos determina:

“Informe pericial para mejor resolver. En caso de que los informes periciales presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes sobre un mismo hecho, la o el juzgador podrá ordenar el debate entre sí de acuerdo con lo dispuesto en el presente Código.

Si luego del debate entre las o los peritos, la o el juzgador mantiene dudas sobre las conclusiones de los peritajes presentados, ordenará en la misma audiencia un nuevo peritaje, para cuya realización sorteará a una o un perito de entre los acreditados por el Consejo de la Judicatura, precisando el objeto de la pericia y el término para la presentación de su informe, el mismo que inmediatamente será puesto a conocimiento de las partes.

En aquellos casos en que una de las partes sea representada por una o un defensor público o demuestre tener escasos recursos económicos, los honorarios y gastos del peritaje, podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura, a petición de esta.”

 

Así también, el Código Orgánico de la Función Judicial en este sentido establece como deberes de las Juezas y Jueces:

 

“Art. 130.- Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben:

10. Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad;”

 

3. ¿cuáles serían las ventajas y desventajas del uso de la prueba para mejor resolver en el procedimiento laboral regulado en el COGEP?

 

La prueba para mejor resolver es una herramienta legal que se utiliza en el procedimiento laboral en Ecuador.

 Entre sus ventajas, tenemos:

-        Permite a la jueza o juez ordenar la práctica de pruebas adicionales durante la audiencia única o de juicio. Esto brinda flexibilidad para esclarecer los hechos controvertidos.

-        Al permitir la práctica de pruebas adicionales, se busca obtener una visión más completa y precisa de los hechos en disputa.

-        La jueza o juez puede suspender la audiencia por hasta quince días para recopilar la información necesaria. Esto permite adaptarse a situaciones complejas o inesperadas.


Entre las desventajas, se suscitan:

-        Que la práctica de pruebas adicionales puede prolongar el proceso judicial, lo que podría afectar la celeridad del procedimiento.

-        Que la realización de pruebas adicionales puede implicar gastos adicionales para las partes involucradas.

-        Que la decisión de ordenar pruebas adicionales debe estar debidamente fundamentada, lo que puede ser un desafío en casos complejos.

 

En resumen, la Prueba para Mejor Resolver ofrece flexibilidad y la posibilidad de esclarecer los hechos, pero también puede generar demoras y costos adicionales en el procedimiento laboral regulado por el Código Orgánico General de Procesos.

 

 

Bibliografía consultada:

Código Orgánico General Procesal

Código Orgánico de la Función Judicial

 

Validez jurídica de la apelación dentro del trámite administrativo de Visto Bueno en Ecuador.

 https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/download/2891/2381/22467